Las decisiones adoptadas en la matriculación 2026-2027 han vuelto a poner de manifiesto el caso de la distribución del alumnado de Ordizia. A pesar de que el Gobierno Vasco reivindica el equilibrio, el grave desequilibrio se perpetúa.
El pasado 24 de marzo, la comunidad de la Escuela Pública Vasca de Ordizia recibió con preocupación y sorpresa la intervención del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en el proceso de matriculación para el curso 2026‑2027. Tras años denunciando la situación de segregación escolar en el municipio, esperábamos medidas eficaces para corregirla. Sin embargo, lo ocurrido —y lo que ha vuelto a quedar en evidencia en las listas definitivas recién publicadas— muestra nuevamente que las decisiones adoptadas no afrontan el problema de fondo.
El Departamento de Educación ha intervenido este año en la escolarización de cuatro familias como solución al grave desequilibrio generado: dos han sido derivadas desde la escuela pública al centro concertado y otras dos en sentido inverso, hacia la escuela pública. Esta actuación plantea inevitablemente una pregunta: ¿qué criterio o lógica sustenta realmente esta intervención?
Si se analizan los datos de matriculación de 2026‑2027, el 58% de las familias que han solicitado plaza en la Escuela Pública tienen origen extranjero y el 63% no tiene conocimiento de euskera. La mayoría del alumnado procedente de familias en situación socioeconómica vulnerable se ha inscrito también en la Escuela Pública. Sin embargo, a pesar de estos datos, el Gobierno Vasco sostiene que el índice de vulnerabilidad del centro es del 25% y el del municipio del 21,43%. A la vista de estas cifras, resulta difícil entender la intervención del Gobierno Vasco si el objetivo es reducir el desequilibrio real. De hecho, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que en Ordizia existen importantes desequilibrios entre los centros financiados con fondos públicos en función del origen, el conocimiento del euskera y la situación socioeconómica de las familias.
Esta situación no es nueva. El propio Ararteko ha advertido en los últimos 7 informes al Parlamento vasco y en dos resoluciones firmes (597/2019/QC y 2025R‑11‑24) sobre la segregación escolar en Ordizia y ha instado al Departamento de Educación a adoptar medidas correctoras. En su último informe es claro: las explicaciones formales que pretenden justificar el desequilibrio no pueden sustituir a las medidas reales y eficaces. Además, tanto la LOMLOE como la nueva Ley Vasca de Educación obligan a la Administración a actuar para garantizar una distribución más equilibrada del alumnado.
Por ello, resulta difícil comprender que se siga recurriendo a intervenciones que tratan de justificar decisiones aisladas y complejas, en lugar de afrontar el meollo del problema. Más aún si se tiene en cuenta la realidad demográfica de Ordizia: es el municipio con mayor tasa migratoria de Euskal Herria (21,5%), y en los últimos años esta tasa ha aumentado de forma constante. De hecho, en la franja de edad de 2‑3 años, casi uno de cada dos niñas y niños de Ordizia tiene origen familiar extranjero. Gestionar esta diversidad de manera equilibrada dentro del sistema educativo es, por tanto, una necesidad ineludible.
La escuela pública de Ordizia ha trabajado durante muchos años por construir una comunidad abierta, inclusiva y euskaldun. Gracias al esfuerzo conjunto de familias, profesorado y agentes del municipio, hemos creado un espacio donde vivir la diversidad como una riqueza. Pero ese compromiso con la inclusión no puede traducirse en dejar esa responsabilidad únicamente en manos de la escuela pública.
El objetivo de un sistema educativo sostenido con fondos públicos es garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para lograrlo, todos los centros financiados con dinero público deben asumir su responsabilidad de manera equilibrada y justa. Cuando esto no ocurre, la segregación no solo persiste: se consolida. Y cuando la Administración no corrige estos desequilibrios, acaba legitimándolos de facto.
A pesar de lo que sostenga el cuestionable índice del Gobierno Vasco para medir la vulnerabilidad, los datos objetivos, disponibles y contrastables muestran que en Ordizia persisten profundos desequilibrios. Las medidas generales adoptadas hasta ahora por el Gobierno Vasco, así como las decisiones tomadas, no han sido suficientes para corregir la situación. En nuestro pueblo —y en otros con realidades similares— resultan urgentes intervenciones específicas que reduzcan de manera significativa estos desequilibrios, distribuyendo al alumnado de forma más equilibrada según el origen de las familias, el conocimiento del euskera o la situación socioeconómica. En la medida de lo posible, conviene tener en cuenta la libertad de elección de centro por parte de las familias, pero sin situarla por encima del necesario equilibrio del municipio. Estas medidas son imprescindibles para vivir la diversidad del pueblo como una riqueza compartida y para fortalecer la convivencia, la igualdad, la justicia social, la inclusión y la euskaldunización.
Por ello, desde la comunidad de la Escuela Pública Vasca de Ordizia hacemos un llamamiento claro al Departamento de Educación del Gobierno Vasco: es hora de actuar con transparencia, explicar los datos con rigor y adoptar medidas reales frente a la segregación escolar en Ordizia.
No necesitamos intervenciones puntuales ni parches administrativos. Necesitamos un plan sólido y valiente que garantice la estabilidad de los centros escolares del municipio y una distribución verdaderamente equilibrada del alumnado.
La situación es conocida desde hace años; lo que falta ahora es voluntad política para corregirla.